Sala IV interviene por cita médica programada para el año 2047

Una mujer adulta mayor en Costa Rica vivió recientemente una situación que parece salida de una novela de ficción, pero que evidencia la cruda realidad de los sistemas de salud saturados.

 La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le asignó una cita médica para dentro de 22 años.

El insólito plazo de espera

La paciente, de 63 años, padece de osteoartrosis con deformación en sus rodillas (genu varo), una condición dolorosa que limita severamente su movilidad. Al ser referida al servicio de ortopedia en el Hospital de San Carlos, recibió una respuesta desalentadora: su cita quedó pactada para el año 2047.

En la práctica, esto significaba que la paciente recibiría atención hasta los 85 años, obligándola a vivir con dolor crónico y sin tratamiento efectivo durante más de dos décadas.

La intervención de la Sala Constitucional

Ante lo que calificó como una burla a su integridad, la mujer presentó un recurso de amparo ante la Sala IV. El tribunal fue contundente en su fallo, señalando tres puntos clave:

 1. Plazo irrazonable: Un tiempo de espera de 22 años pierde toda lógica médica y humana.

 2. Vulneración de derechos: Se violó de forma directa el derecho fundamental a la salud y a una vida digna.

 3. Orden inmediata: La Sala obligó a la CCSS a brindar atención inmediata y efectiva.

Gracias a esta intervención judicial, la institución se vio obligada a reprogramar la consulta para abril de 2026, un plazo que, aunque sigue siendo largo, resulta posible frente a la proyección inicial.

Crisis en las listas de espera

Este caso no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una crisis profunda en las listas de espera de especialistas. La falta de recursos, la saturación del sistema y los fallos administrativos están empujando a los ciudadanos a judicializar su salud para obtener la atención por la que cotizan mes tras mes.

Como profesionales y usuarios del sector salud, este evento nos obliga a reflexionar sobre la eficiencia de los sistemas públicos y la urgencia de reformas estructurales que garanticen que la salud sea un derecho real y no una promesa a largo plazo.

¿Qué opinás sobre esta situación?

¿Considerás que la judicialización es la única salida que les queda a los pacientes actualmente o el sistema tiene solución?

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